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28/11/2025 17:28 • ECONOMIA • ECONOMIA
En noviembre de 2025 el Gobierno de la Nación, a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), aprobó una norma que limita los rendimientos que pueden pagar las billeteras digitales y los fondos comunes de inversión (FCI). La medida entrará en vigor a partir de diciembre de 2025 y afectará a todas las plataformas que ofrecen productos de inversión a través de aplicaciones móviles.
Una billetera digital es una aplicación o servicio en línea que permite a los usuarios recibir, almacenar y gestionar dinero y activos financieros sin necesidad de acudir a una entidad bancaria tradicional. En los últimos años, estas plataformas se popularizaron en Argentina gracias a los altos rendimientos que ofrecían, frecuentemente superando el 30?% anual en periodos de alta inflación.
La normativa establece un tope máximo de rendimiento para los productos que comercializan las billeteras digitales y los FCI vinculados a ellas. Aunque el texto oficial no especifica el porcentaje exacto, las fuentes oficiales indican que la restricción buscará alinear esos rendimientos con los niveles de referencia del mercado tradicional, reduciendo la brecha entre ambos sectores.
Adicionalmente, la medida incluye:
Los analistas financieros califican la decisión como una "intervención necesaria" para evitar una "carrera armamentista" de rendimientos que podría desestabilizar la economía. Por su parte, los usuarios de billeteras digitales expresan preocupación por la caída esperada de sus ganancias, aunque reconocen la necesidad de medidas que reduzcan la volatilidad.
Los principales operadores del sector, como Ualá, Modo y Mercado Pago, anunciaron que revisarán sus estrategias de inversión y que seguirán ofreciendo productos con rendimientos competitivos pero dentro del marco legal.
Argentina ha mantenido una inflación anual superior al 70?% durante los últimos dos años, lo que impulsó a muchos ahorristas a buscar alternativas fuera del sistema bancario tradicional. Las billeteras digitales se posicionaron como refugio, pero la falta de regulación generó expectativas de rendimientos poco sostenibles a largo plazo.
Con la nueva normativa, el Gobierno busca equilibrar la protección del inversor con la estabilidad del sistema financiero, al tiempo que mantiene la innovación tecnológica en el sector.